Reproducimos a continuación, lo publicado el 23 de mayo de 2016 en el DIARIO DE SEVILLA.
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla para pedir "más control" de la contaminación acústica de la zona de la Alameda, tras conocer a través de los medios de comunicación que los vecinos critican la "pasividad" del Consistorio respecto al modelo y horario en que ejercen su actividad distintos establecimientos de hostelería.
En la queja, el Defensor, Jesús Maeztu, señala que tras la transformación que se llevó a cabo en este espacio con la creación de un bulevar peatonal, diversos empresarios instalaron aquí sus negocios de restauración, que "sin perjuicio de que ha creado una importante oferta para el turismo y el ocio en un lugar que antes estaba degradado en cuanto a su conservación, contaminación por el tráfico rodado, etcétera, al mismo tiempo está generando distintos problemas que han dado lugar a la protesta de una asociación de vecinos de la zona".
Así, la institución apunta que esta asociación de vecinos denuncia en los medios de comunicación "la contaminación acústica de algunos establecimientos de hostelería, la suciedad y la concentración de jóvenes para consumir bebidas (el botellón)". Hechos que, señala, "no han tenido una respuesta por parte del Ayuntamiento que, al mismo tiempo que debe fomentar la actividad empresarial, debe tutelar los derechos de la ciudadanía de forma que puedan ser compatibles los distintos intereses en juego y, en suma, apostar por un desarrollo económico sostenible".
Igualmente, Maeztu recuerda que "no es la primera vez" que de estos problemas se hacen eco los medios de comunicación, ya que durante los últimos años, prosigue, se han visto en distintos medios titulares como: "Un bar de la Alameda acumula más de 200 denuncias por ruido desde 1996", o "La Fiscalía investiga tres locales de la Alameda por exceso de ruidos".
Maeztu indica que de lo expuesto por los vecinos "se desprende con claridad que no sólo no están en contra de que los establecimientos de hostelería puedan realizar su actividad, sino que, incluso, matiza que los responsables de los incumplimientos de horarios y otras normas son tres o cuatro".
Además, precisa que esta institución "ha verificado", con motivo de las quejas tramitadas a instancias de parte o de oficio, que "en demasiadas ocasiones son muy pocos los locales de hostelería que, a lo largo y ancho de Andalucía, violan sistemáticamente las normas, por lo que la protesta vecinal que se genera se suele concentrar en estos y no en el sector de la hostelería".
"No se trata de cuestionar el derecho al ocio de la ciudadanía", sino "si debemos evitar que el ejercicio ilícito de actividades relacionadas con este derecho sean toleradas cuando suponen una vulneración de derechos constitucionales", argumenta el Defensor.
